El contador Víctor Fernández, apoderado de Impresora Internacional de Valores SAIC (IVISA), le solicitó al presidente del Concejo Deliberante de la capital, Ramón Cano, un día después de Navidad, que convocara a una sesión extraordinaria "para el tratamiento y expedición de una ordenanza especial que permita la aprobación de la remodelación y ampliación del hotel Savoy".

El mismo día que ingresó la nota al Concejo, el 26 de diciembre, la Comisión de Obras Públicas y Estética estudió el expediente, le dio dictamen favorable y lo mandó al recinto para su sanción. Sin siquiera pasar por la Comisión de Planeamiento Urbano y en tan sólo 20 minutos, los 13 concejales oficialistas aprobaron un proyecto que pretende modificar la manzana arquitectónicamente más emblemática de la capital tucumana.

Son edificios que tienen 100 años, resguardados por una ley, la 7.535, de protección del patrimonio provincial, y por el Código de Planeamiento Urbano, que prohibe expresamente cualquier remodelación en esa manzana.

No sólo eso. En una resolución del 21 de diciembre, la Dirección de Catastro y Edificación rechazó el proyecto porque advirtió errores técnicos en la documentación y en los planos presentados (escaleras que no conducen a ninguna parte, falta de salidas de emergencia, etcétera) y porque viola abiertamente el Código de Planeamiento Urbano.

Tampoco se escuchó al Colegio de Arquitectos, con el cual el municipio mantiene un convenio para que los profesionales intervengan en un plan de desarrollo estratégico-urbanístico de la ciudad, organismo que marcó severas objeciones al emprendimiento de la empresa IVISA.

Es sorprendente el poder que ostenta el apoderado de la firma, el contador Fernández. En menos de un día consiguió que el Concejo Deliberante de una de las ciudades más importantes del país se reuniera en sesión extraordinaria y aprobara, sin siquiera leer, un proyecto para rediseñar una de las manzanas más importantes de la ciudad, declarada "histórica" vaya uno a saber por qué, con el único objetivo de ganar dinero con un hotel y un casino. Hacer fortuna no está mal, siempre que no sea a costa de arrasar para siempre con los bienes más valiosos que conserva la comunidad y que cada vez son menos. Cabe preguntarse si un ciudadano común o un empresario local podrían presentar un plan para remodelar el Teatro San Martín, la ex Legislatura (antes el Casino) o el ex hotel Savoy y lograría reunir a los concejales para que, en menos de un día, sin leer, ni estudiar, ni debatir -porque la discusión demoró lo que tardan dos cigarrillos en fumarse-, aprobaran la idea. La respuesta es obvia.

Cabe preguntarse cuál es el sentido de este órgano deliberativo si, al igual que la Legislatura, en muchos casos, cuánto más intereses y millones están en juego, más breve o nulo es el debate y el análisis y a menos especialistas se consulta o escucha. Pareciera que por estos tiempos los expertos se caracterizan por oponerse al progreso.

"Excepción" es la palabra mágica y la clave del argumento que esgrimen los ediles del oficialismo cada vez que resuelven en tiempo récord órdenes que bajan directamente del ejecutivo municipal o provincial y cualquier razonamiento contrario va en contra del progreso. Cuando se tienen que violar todas las leyes, sancionadas para, supuestamente, proteger los intereses de un colectivo social mucho más amplio, no queda bastante claro del progreso de quién hablamos.